Política de Derechos Humanos

Cumplimiento de la Política

Cualquier empleado que infrinja esta política se enfrentará a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Podremos rescindir nuestra relación con otras personas y organizaciones que trabajen en nuestro nombre si incumplen esta política.

La prevención, detección y denuncia de la esclavitud moderna en cualquier área de nuestra empresa o cadena de suministro es responsabilidad de todos los que trabajan para nosotros o bajo nuestro control. Debe evitar cualquier actividad que pueda conducir o sugerir una infracción de esta política. Si cree o sospecha que se ha producido o puede producirse un conflicto con esta política, o si tiene alguna inquietud sobre las condiciones laborales o cualquier aspecto de las cadenas de suministro de Benchmark, debe notificarlo a Benchmark contactando con el equipo de Recursos Humanos de Benchmark o con el director ejecutivo de Benchmark.

Cadena de suministro y diligencia debida

Como empresa de software B2B, Benchmark no cuenta con una cadena de suministro compleja ni colabora habitualmente con fabricantes de productos. Nuestros proveedores de servicios son, en su mayoría, empresas reconocidas que ofrecen tecnología (incluyendo hardware, software o servicios relacionados) o servicios profesionales (incluyendo contables, proveedores de servicios financieros, bufetes de abogados y otros consultores).

En consecuencia, si bien no percibimos una empresa de alto riesgo en nuestra cadena de suministro, como parte de nuestro procedimiento, todos los proveedores están obligados contractualmente a:

• Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables al proporcionarnos productos y servicios; y
• Acuerdan implementar procedimientos de diligencia debida para sus propios proveedores, subcontratistas y otros participantes, y reconocen que ni el proveedor ni ninguno de sus funcionarios, empleados u otros asociados han sido condenados por ningún delito relacionado con la esclavitud y la trata de personas y nunca han sido objeto de ninguna investigación por parte de un organismo regulador con respecto a ningún delito relacionado con la esclavitud y la trata de personas.

Además, los proveedores de mayor tamaño y aquellos que puedan tener un riesgo mayor pasan por un proceso de debida diligencia gestionado por el departamento de Recursos Humanos, en donde se verifica previamente al proveedor y a sus accionistas y/o funcionarios, de acuerdo con nuestro programa de integridad manejado por el departamento de Recursos Humanos.

Benchmark continuará monitoreando y colaborando con su cadena de suministro para renovar y actualizar constantemente su evaluación y, de ser necesario, aumentar la debida diligencia y las medidas relacionadas adoptadas.

Las personas en Benchmark que interactúan con nuestros proveedores también están capacitadas en diferentes áreas, incluso en lo que respecta al cumplimiento de las leyes aplicables, con el fin de identificar y manejar riesgos al momento de la contratación.

Acciones disciplinarias

Benchmark no tolerará represalias contra un empleado por informar una inquietud de buena fe o por cooperar con una investigación de cumplimiento, incluso cuando no se encuentre evidencia para sustentar el informe.

Cualquier incumplimiento de esta política podrá dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Benchmark y sus filiales tienen el derecho exclusivo de interpretar esta política con respecto a sus respectivos empleados.

La violación de las políticas del Gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro organismo gubernamental contra la trata de personas también puede dar lugar al procesamiento penal de los individuos responsables.

Resumen de la política del gobierno de Estados Unidos para prohibir la trata de personas

La política del Gobierno de Estados Unidos prohíbe la trata de personas y la esclavitud. Los contratistas gubernamentales, sus empleados, subcontratistas, empleados de subcontratistas y agentes no deben participar en ninguna práctica que constituya trata de personas o esclavitud. Esto incluye, entre otras, las siguientes actividades:

• Participar en cualquier forma de trata de personas.
• Procuración de actos sexuales comerciales.
• Utilizar trabajo forzoso en la realización de cualquier trabajo.
• Destruir, ocultar, confiscar o negar de otro modo el acceso de un empleado a sus documentos de identidad o inmigración, como pasaportes o licencias de conducir, independientemente de la autoridad emisora.
• Utilizar prácticas engañosas o fraudulentas durante el reclutamiento de empleados o la oferta de puestos de trabajo/contrato, como no revelar, en un formato y lenguaje entendido por el empleado o solicitante, información básica; o hacer tergiversaciones materiales durante el reclutamiento de empleados con respecto a los términos y condiciones clave del empleo, incluidos los salarios y beneficios complementarios, la ubicación del trabajo, las condiciones de vida, la vivienda y los costos asociados (si los proporciona el empleador o agente), cualquier costo significativo que se le cobrará al empleado o solicitante y, si corresponde, la naturaleza peligrosa del trabajo.
• Utilizar reclutadores que no cumplan con las leyes laborales locales del país en el que se realiza el reclutamiento.
• Cobrar a los solicitantes tarifas de contratación.
• Si lo exige la ley o el contrato, no proporcionar transporte de regreso o no pagar el costo del transporte de regreso al finalizar el empleo.
• Si lo exige la ley o el contrato, no proporcionar o concertar una vivienda que cumpla con los estándares de vivienda y seguridad del país anfitrión.
• Si lo exige la ley o el contrato, no proporcionar un contrato de trabajo, un acuerdo de contratación u otro documento de trabajo requerido por escrito con la información legalmente requerida y en un idioma que el empleado entienda.